Al calor de la presión inmobiliaria —con alquileres imposibles de pagar para un trabajador medio— y las restricciones contra los asentamientos de caravanas, empiezan a circular con frecuencia en páginas de redes sociales como Facebook anuncios de personas que ofrecen trabajo, mantenimiento o vigilancia a cambio de un pequeño rincón de terreno donde aparcar una autocaravana o una furgoneta y poder dormir tranquilos.
Son mensajes que, de forma discreta pero constante, revelan un fenómeno social emergente: la creación de una economía de trueque habitacional, donde el alquiler no se paga con dinero sino con poda, jardinería, cocina, cuidado de casas o vigilancia de terrenos.
En uno de esos anuncios, un ibicenco de 32 años explica que trabaja fijo todo el año desde hace más de once. Es decir, que es nacido y residente en Ibiza de manera constante. Vive de forma independiente en su autocaravana y no pide alojamiento dentro de una vivienda, solo un espacio “tranquilo y discreto” donde estacionar. A cambio ofrece poda y limpieza forestal, mantenimiento básico, o vigilancia de casas en invierno. Se describe como una persona tranquila, sin vicios y amante del deporte y la naturaleza.
Otro anuncio, publicado poco tiempo después, muestra un mensaje parecido: un hombre pide un “pedacito de terreno” para aparcar su furgoneta y descansar sin problemas. Ofrece cocina —es chef—, cosmética natural orgánica, ayuda en el jardín, tareas domésticas y compañía educada de su perro podenco. “Podemos llegar a un acuerdo —dice— por favor necesito ayuda, gracias de corazón”.
Estos mensajes salen y desaparecen, pierden trazabilidad en las redes, pero su frecuencia ya no es anecdótica. Y se insertan en un mismo patrón: trabajadores con empleo, con actividad económica y residentes en Ibiza, que no pueden acceder a un alquiler convencional.
En paralelo, otros perfiles más cualificados empiezan a elegir directamente no venir o a renunciar a plaza, como el caso reciente de un opositor ibicenco que obtuvo el número uno en un proceso de 15 plazas en Santa Eulària y tuvo que declinar porque no encontró vivienda: el sueldo —unos 1.500 euros al mes— no alcanzaba para un alquiler compartido, tal y como recogía Noudiari.es.
La pregunta que late detrás es estructural: ¿qué pasa cuando la vivienda expulsa a los que quieren vivir y trabajar en la isla? Ibiza corre el riesgo de perder no solo vecinos sino también profesionales esenciales: sanitarios, docentes, policías, bomberos, administrativos, cocineros, jardineros.
Mientras las cifras del turismo baten récords y el mercado inmobiliario se mueve en un circuito paralelo al de los salarios, con una inversión extranjera que se está quedando con buena parte del parque residencial de la isla, el acceso a vivienda —o a algo que pueda sustituirla— se convierte en el filtro que define quién puede formar parte de la comunidad y quién no.
Mientras se está a la espera de una respuesta pública y oferta regulada, que incluya una verdadera oferta de vivienda de protección oficial o, lo más necesario, una regulación que regrese los precios a la realidad, emerge entonces la creatividad: aparcar, negociar, intercambiar, vigilar, podar, cocinar. La vivienda como trueque.
Laura Ferrer
